Una Comisión de Políticas de Internet: en buena hora, pero...

El 22 de abril salió publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Nº13/2014 de la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Mediante esa resolución se crea la COMISION ARGENTINA DE POLITICAS DE INTERNET (CAPI), en el ámbito de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES "que elaborará su Reglamento de Funcionamiento Interno, a fin de articular la participación de los distintos actores y diseñar una estrategia nacional sobre Internet y su gobernanza". En buena hora que desde el Gobierno se cree un ámbito específico para formular políticas de Internet. En Argentina ello era necesario porque, para ser sinceros, es difícil determinar cuál es la política pública en esta materia, sin perjuicio de chispazos regulatorios que han venido desde distintas oficinas gubernamentales durante los últimos años. Concentrar esas iniciativas o planes en un sólo ente para darles discusión amplia y seria puede dar resultados positivos. Pero habrá que seguir de cerca los pasos que tome la Comisión recientemente creada. Aquí propongo algunas sugerencias para contribuir al éxito de la oficina y para evitar que se transforme en un ente burocrático inútil.

En primer lugar: en estos días se celebra una reunión internacional muy importante en San Pablo, Brasil, para discutir posibles futuras pautas de regulación del gobierno de Internet. Sin perjuicio de los resultados de esa reunión, su convocatoria fué más allá de lo que ocurre en típicas reuniones organizadas por Gobiernos, esto es, que sólo representantes de gobierno discuten. La gobernanza que defendemos en Internet está basada en un modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas que reúnen en una misma mesa a gobiernos, empresas, académicos, técnicos y representantes de la sociedad civil, generalmente ONGs vinculadas a la materia. La Comisión creada en Argentina, debería seguir este modelo, y uno de sus primeros pasos debería ser conformar una mesa de discusión que reúna a estos sectores y que les otorgue una participación efectiva y no meramente formal.

En segundo lugar, en los considerandos de la resolución se incluyen distintos tópicos de potencial tratamiento por la Comisión, que van más allá de la gobernanza de Internet. Entre ellos se encuentra un arco de temas que va desde los ciberdelitos, hasta la neutralidad de la red, pasando por los mecanismos de asignación de dominios. Estos temas muchas veces se enmarcan dentro de lo que comunmente llamamos la "regulación de Internet". Impulsar políticas públicas en estos ámbitos debe poner en el centro del diseño de esas políticas el respeto a los derechos humanos. Hacerlo de una manera distinta podría se muy peligroso y por ello propongo que para el funcionamiento de la Comisión sea obligatorio realizar “estudios técnicos de impacto en derechos humanos” –ETIDH- como paso previo a la presentación formal de proyectos de ley o de normas administrativas que se vinculen con la regulación de Internet.

En tercer lugar, es importante que la resolución se hace cargo, al menos de manera implícita, de un déficit de Argentina en su representación oficial en los foros más importantes que se han realizado en los últimos años. Sin desmerecer a quienes como asesores de la Cancillería o funcionarios de segunda línea de la Secretaría de Comunicaciones participaron en algunos de esos encuentros, lo cierto es que tanto en el "Internet Governance Forum", el ámbito más importante de discusión sobre temas de gobernanza y regulación creado con auspicio de las Naciones Unidas, como en la reunión que se realiza en Brasil en estos días -aún con la presencia del Secretario de Comunicaciones por primera vez en este tipo de encuentros-, Argentina ha carecido de delegaciones de alto nivel y no ha tenido una voz importante en los debates. Ello posiblemente se debió a la inexistencia de una clara política pública nacional en estos temas. En consecuencia, será fundamental que la Comisión trabaje, en conjunto con los múltiples actores interesados en la materia, y como lo dice la resolución, para  "brindar soporte técnico y contribuir a una mayor y mejor representación de la REPUBLICA ARGENTINA en los foros y los organismos internacionales".

En definitiva, la creación de esta Comisión debe ser bienvenida. Pero tenemos que esperar su implementación y funcionamiento para finalmente poder aplaudir sin ninguna duda sus resultados.