Corría el año
2005 cuando la periodista del diario The New York Times fue encarcelada durante
85 días en los Estados Unidos por negarse a revelar la identidad de una fuente
de información. La semana pasada, cuando los periodistas argentinos Jorge
Lanata y Nicolás Wiñazki –entre otros- fueron detenidos en Venezuela e
interrogados sobre quién les había entregado cierta documentación que hicieron
pública, recordé inmediatamente el caso Miller. El parecido de ambos casos da
que pensar: las políticas implementadas por George W. Bush, presidente de los
Estados Unidos y Hugo Chavez Frías, presidente reelecto de la República
Bolivariana son las que permiten que periodistas sean llevados a la cárcel
cuando, entre otras cosas, se niegan a dar la identidad de sus fuentes. Bush y
Chavez, en ese sentido se parecen bastante.
Por supuesto
que ambos casos son diferentes en una cuestión que no es menor: Miller terminó
en la cárcel después de un proceso judicial, donde tuvo oportunidad de
defenderse. Lanata y Wiñazki no gozaron de esas garantías básicas en un estado
de derecho. Pero más allá que ambos casos son similares por la consecuencia
–detención, prolongada en el primer caso y breve en el segundo- provocada por
la misma causa –negarse a revelar fuentes- hay otra similitud que me llamó la
atención: a los periodistas argentinos se los interrogaba como partícipes de un
espionaje al haber revelado un documento incómodo para el Gobierno. A Miller –y
a otros periodistas- se los cuestionaba por negarse a revelar sus fuentes y
entregar documentación en una investigación de filtración de la identidad de un
operativo de la CIA, que también ponía incómodo al gobierno.
Recuerdo que
respecto de la periodista Judith Miller, había voces que, muchas veces por lo
bajo, llamaban a tener en cuenta “el tipo de periodismo” que ella hacía. Con
los periodistas argentinos, escuché y leí argumentos similares. Me sorprende
esa otra similitud dado que noto que en aquél momento como ahora se puede
perder de vista lo que creo es importante: estamos frente a una cuestión de
principios y ambos casos demuestran el mismo desprecio al principio 8 de la
Declaración de Principios de Libertad de Expresión formulada hace más de una
década por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece el
derecho de todo comunicador social a mantener la confidencialidad de sus
fuentes, notas y archivos personales y profesionales.
No se me escapa
que la cuestión acerca de la reserva de fuentes es controversial en cuanto a su
alcance y contenido jurídico. Si bien en Argentina, es una garantía que surge
de la Constitución, ello no es así en todos lados. Pero mi punto principal es
otro y en alguna medida, me referí a lo mismo cuando todavía me desempeñaba
como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En 2005 publiqué
una nota
editorial en el diario The Miami Herald donde expresaba que Estados Unidos se parecía a
Cuba, porque en aquél momento, eran los dos únicos países en nuestro hemisferio
que tenían tras las rejas a periodistas por ejercer su profesión. Hoy esa nota
vuelve a tener para mi vigencia.
Es obvio y
evidente que la intolerancia no es patrimonio de un cierto color en la
política. Independientemente de nuestra valoración sobre cualquier gobierno de
turno como de derecha o de izquierda o progresista o conservador, cuando de
principios se trata, es importante defenderlos y alzar la voz con igual firmeza
sea quien sea el que haya puesto en tela de juicio el ejercicio del periodismo
sin restricciones dado que es uno de los valores más importantes de la
democracia.
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