23/12/14

La CIDH escuchó en audiencia el impacto de Internet en la defensa y el ejercicio de los Derechos Humanos*

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concedió una audiencia temática para escuchar argumentos sobre el impacto de Internet en la defensa y el ejercicio de los Derechos Humanos. Cómo órgano que monitorea el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en nuestro continente, en sus períodos de sesiones -en general dos o tres por año- la CIDH concede audiencias sobre los más variados temas. Como es posible imaginar, los pedidos son muchos y es por ello que el mero otorgamiento de la audiencia es demostrativo del interés de la CIDH en involucrarse en el tema que le propusimos varias organizaciones.

El pedido de la audiencia, coordinado desde el CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE) —Argentina—, fue en verdad el fruto de una tarea colectiva en la que participaron las organizaciones Derechos Digitales —Chile—, la Fundación Karisma —Colombia—, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) —internacional—, el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas —Brasil— y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) —Argentina—) y que contó con el apoyo de una veintena de organizaciones de la región. Representantes de quienes habíamos pedido la audiencia llegamos a Washington DC, sede de la CIDH, y el  28 de octubre de 2014 a medio día expusimos durante unos 45 minutos nuestras inquietudes.

¿Por qué era importante esta audiencia? La respuesta la dimos ante la CIDH y era para nosotros clara: debido a que Internet y las nuevas tecnologías constituyen una herramienta para la promoción y para la protección de los derechos humanos en el mundo entero, es fundamental que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no quede al margen de la discusión universal que se viene dando. En este sentido, destacamos que que en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos humanos los debates sobre la vinculación entre Internet y Derechos Humanos se viene dando desde, a lo menos, cinco años. Prueba de ellos son los numerosos pronunciamientos e informes surgidos de los órganos y especialistas en la protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluyendo resoluciones de la Asamblea General[1], el Consejo de Derechos Humanos[2], informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos[3], e Informes de distintos Relatores Temáticos[4], además de las distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos en estos temas.[5] 

Sin embargo, en el ámbito regional, solamente la Relatoría Especial sobre Libertad  de Expresión hubo de pronunciarse sobre el fenómeno de Internet. Así lo hizo en las Declaraciones Conjuntas con el Relator de Naciones Unidas, OSCE y/o la Relatora Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Africana de DDHH, de 2001,[6] 2005, [7] 2011,[8] 2012[9] y 2013[10] y en su informe de diciembre de 2013. El aporte de la Relatoría ha sido muy significativo y lo celebramos. Pero es importante que en el SIDH se profundice el debate en torno a la interacción entre Internet y otros derechos convencionales, no solo la libertad de expresión.

La realización de la audiencia temática fue el escenario ideal para pedirle a la CIDH que se acerque al debate en torno a estos temas con un doble fin: por un lado, para indagar sobre sus propias capacidades de promoción y protección de derechos humanos en la era digital; y, por otro, para constituirse como actor y referente en el respecto de la defensa y protección de los derechos humanos en esta era.

Para ampliar la agenda dentro del SIDH, propusimos temas que fueron desde la relación entre Internet y el derecho a la igualdad y no discriminación, hasta la protección del derecho a la intimidad, la libertad de expresión, la educación y cultura, y, para finalizar, el tema de la importancia del acceso a Internet en la región para el ejercicio de todos esos derechos fundamentales.

A modo de conclusión, creo que no me equivoco en afirmar que la audiencia ha sido recibida como un importante paso en el reconocimiento de la vigencia e importancia del uso de Internet en su vinculación con los derechos humanos.

*Originalmente publicado en Digital Rights Nº17




[2] Consejo de Derechos Humanos ONU, Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, A/HRC/26/L.24, 20 de junio de 2014, disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/059/70/PDF/G1405970.pdf?OpenElement
[3] Ver UN HRC, The Right to Privacy in the Digital Age, A/HRC/27/37  1. Junio 2014
[4] Frank La Rue, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”, A.HRC.17.27, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf p. 4; Frank La Rue Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión A/66/290, Agosto 2011;  Frank La Rue, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression,” A/HRC/23/40, 17 April 2013;
[5] Written statement* submitted by Reporters Without Borders International, a non-governmental organization in special consultative status, A/HRC/24/NGO/63, septiembre 2013.
[6] DECLARACIÓN CONJUNTA de los Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión, Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo, 2001, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=48&lID=2.
[7] DECLARACION CONJUNTA del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, 2005 disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=394&lID=2.
[8] DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET, El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) 2011 disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2.
[9] DECLARACION CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION E INTERNET del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, 2012, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=888&lID=2.
[10] DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD EN LA TRANSICIÓN DIGITAL TERRESTRE, del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), de 2013 disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=921&lID=2. Y Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 2013, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2.

Censura no Equador chegou à internet*

O que têm em comum uma lei de propriedade intelectual americana, uma firma espanhola e a liberdade de expressão no Equador? Mais do que se poderia imaginar.

Ao longo do ano, vários equatorianos viram como desapareceram misteriosamente o conteúdo de seus próprios perfis no Facebook, canais de vídeo no YouTube ou contas de Twitter. Os conteúdos que se esvaíram tratam de uma ampla gama de temas. Contudo, têm apenas um elemento em comum: criticam, ridicularizam ou põem em evidência o governo equatoriano.

Por exemplo, em setembro, depois que a Polícia Nacional reprimiu violentamente manifestantes em Quito, o Facebook eliminou da conta pessoal de um cidadão equatoriano um link para um vídeo com imagens de abusos policiais supostamente cometidos durante os protestos. O vídeo continha imagens e gravações do presidente Rafael Correa, extraídas de seu programa semanal no canal público de TV, em que felicitava a polícia por sua atuação.

Em abril, a conta de Twitter de Diana Amores, uma tradutora que habitualmente compartilha tuítes de conteúdo humorístico com seus mais de quatro mil seguidores, foi suspensa, depois de em várias oportunidades o Twitter ter eliminado imagens que ela difundira, inclusive caricaturas. Amores havia postado uma imagem onde se viam os personagens de “Os Simpsons” deitados no chão e, em segundo plano, um televisor que transmitia o logotipo do programa semanal de Correa. A imagem era acompanhada por um tuíte no qual Amores aludia, em tom irônico, ao efeito nocivo do programa.

Em outubro de 2013, o cineasta Pocho Álvares advertiu que seu vídeo “Acoso a Íntag” — um documentário de nove minutos sobre a perseguição a uma comunidade indígena que resistia às atividades de mineração na sua área — tinha desaparecido de sua conta no YouTube. O vídeo continha menos de 20 segundos de imagens com a voz de Correa, durante os quais ele repetia a frase “Vejamos quem são os que estão causando esses problemas”, sugerindo que as comunidades locais seriam responsáveis por prejudicar o desenvolvimento da região.

Por trás desses e de outros casos há uma firma na Espanha que pediu ao Facebook, Twitter e YouTube que removessem os vídeos ou as imagens, alegando que violavam a legislação dos EUA sobre propriedade intelectual. Embora as autoridades equatorianas tenham se distanciado desses fatos, as solicitações para remoção dos conteúdos indicam que a empresa espanhola representava atores estatais equatorianos, incluídos o canal público de TV, o partido político governante e um ministério.

Como pode ocorrer algo assim? Em 1998, o Congresso dos EUA promulgou a Lei dos Direitos de Autor do Milênio Digital (DMCA) com o objetivo de combater as violações de direitos na internet. A lei outorga aos titulares um sistema rápido de “notificação e eliminação de conteúdo” que lhes permite solicitar a provedores de serviços on-line, como buscadores ou redes sociais, que eliminem conteúdos ou links, argumentando que violam direitos de propriedade intelectual, sem necessidade de uma ordem ou controle judicial. Desde que cumpram esses dispositivos, as companhias de internet estarão blindadas frente a qualquer alegação de responsabilidade legal pelo conteúdo que seus usuários publicarem.

Na prática, ante uma reclamação desse tipo, as companhias retiram de imediato o conteúdo impugnado. Mesmo assim, os usuários podem apelar, e o fazem, invocando o princípio do “uso justo” (fair use), uma exceção contemplada pelo direito americano que permite reproduzir materiais sujeitos a propriedade intelectual para determinados fins, como o comentário crítico, paródias, ensino e pesquisa. Nos casos em que equatorianos apelaram da remoção de conteúdos, estes em geral foram restabelecidos.

O presidente Correa elogiou o papel da Polícia Nacional, que empregou força excessiva e deteve arbitrariamente manifestantes opositores. Logo depois, adotou uma das leis de comunicação mais restritivas da região, recorreu a normas penais sobre difamação, iniciou ações milionárias contra críticos e liderou uma campanha internacional para desacreditar a Relatoria Especial da OEA para a liberdade de expressão, que questionara fortemente seu governo.

E agora, o governo encontrou uma nova ferramenta para calar a liberdade de expressão no país. Num momento em que os jornais, as estações de rádio e os canais de TV equatorianos enfrentam cada vez mais dificuldades para difundir livremente informação crítica, os cidadãos recorrem à internet, o último espaço que lhes resta para obter, difundir e compartilhar informações e opiniões. Parece que, se dependesse das autoridades, nem a isto teriam direito.

* Originalmente en O Globo (http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2014/12/censura-no-equador-chegou-internet.html) con José Miguel Vivanco, diretor executivo para as Américas da Human Rights Watch. 

16/12/14

¿Superdotados o irresponsables?*


Primer acto: El 4 de noviembre el Senado argentino comienza a debatir el proyecto de ley "Argentina Digital" enviado por el Poder Ejecutivo. No es un proyecto más debido a su complejidad técnica: trata sobre la regulación de telecomunicaciones, de redes de conexión a Internet, y de la televisión satelital, entre otros temas.

Segundo Acto: El 10 de diciembre y en menos de 6 horas de pretendido debate, el Senado aprueba el proyecto con algunas modificaciones respecto del recibido por el Poder Ejecutivo. La aprobación por parte de Senadores del oficialismo se produce luego de recibir un dictamen elaborado en alrededor de dos semanas por una de sus comisiones.

Tercer Acto: Al día siguiente, el 11 de diciembre por la mañana el proyecto aprobado por el Senado ingresa a revisión de la Cámara de Diputados. En pocas horas está en la agenda de discusión de una de sus comisiones. Esa misma noche, esa comisión aprueba un dictamen sobre el proyecto que recibió del Senado y lo deja listo para que el pleno de la Cámara lo trate la semana del 15 de diciembre.

Hay dos posibles explicaciones para entender cómo los senadores oficialistas aprobaron la iniciativa del ejecutivo en pocos días, y los diputados del mismo signo político lo hicieron en comisión en unas pocas horas. O nuestros representantes son superdotados, o deberíamos estar muy preocupados llegando a otra conclusión: son muy irresponsables y votaron sin un adecuado análisis.

Es cierto que el proyecto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo tuvo modificaciones en el Senado. Por ejemplo, la incorporación de la definición del concepto "neutralidad de la red" que no estaba en el proyecto del ejecutivo, fue positiva. Justamente porque es un concepto complejo, que básicamente determina que no se puede discriminar el tráfico en Internet en función de quién es su emisor o receptor o cuál es su contenido, una Comisión del Senado tardó más de un año en acordar la definición de la "neutralidad de la red" que fue plasmada en otro dictamen de esa comisión realizado con anterioridad. Sin embargo, el proyecto "Argentina Digital" involucra muchas más complejidades técnicas que van mucho más allá de ponerse de acuerdo en un sólo concepto, pero como decía al comienzo, unos pocos días bastaron para discutir todos los aspectos involucrados y aprobarlo. Entonces, en este caso, ¿son superdotados o irresponsables?

También es cierto que, oyendo muchas de las observaciones que varios hicimos públicas, el Senado dejó de lado la idea de que una ley no podía crear su propia autoridad de aplicación y que ello era una potestad del ejecutivo. En un cambio de criterio de 180 grados, el Senado creó no sólo un nuevo organismo, sino tres: la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, y una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Aquí impresiona aún más el trabajo en poco tiempo del Senado: de no saber quién sería el que haría cumplir con las reglas en el mundo de las telecomunicaciones e Internet pasamos a la creación de superpoderosos organismos que serán continuadores de otros que ya existían como la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que no funciona de manera independiente por estar intervenida por el Poder Ejecutivo desde el 2002.

A pesar de estos cambios positivos, hay problemas en el proyecto de ley que persisten, pero sería yo el superdotado -o el irresponsable- si pudiera escribirlos en una nota de opinión. Este proyecto no sólo necesita un prudente análisis técnico sino también un análisis de impacto en el ejercicio de derechos humanos y del impacto económico que su implementación y puesta en vigencia puedan traer.

El final de este cuento que sinteticé en tres actos al comienzo de la nota, es todavía abierto. Queda la posibilidad que en la discusión en la Cámara de Diputados tengamos una mayoría de representantes que no sean ni superdotados ni irresponsables y adviertan que una reforma a la ley de telecomunicaciones como la que se discute no sólo debe estudiarse detenidamente por su complejidad técnica, sino también por el impacto que puede tener en la economía nacional y en derechos fundamentales. Ojalá lluevan en el recinto gotas de responsabilidad que hagan reflexionar a sus integrantes sobre lo que van a votar.

*publicado originalmente en La Nación, Argentina en http://www.lanacion.com.ar/1752854-superdotados-o-irresponsables